¿Quieres casarte conmigo? (La promesa de matrimonio)

“No dejéis de cumplir nunca todo aquello que hubierais prometido”

Bías

La ley 15/2005 de 8 de julio por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, ha supuesto un giro de ciento ochenta grados sobre la concepción que hasta ahora teníamos de estos procesos.

Tal como recoge la citada Ley en su exposición de motivos, “el divorcio se concebía como último recurso al que podían acogerse los cónyuges cuando era evidente que, tras un dilatado período de separación, su reconciliación no era factible. Se exigía demostrar el cese de la convivencia o bien la violación grave y reiterada de los deberes conyugales”.

Se ha pretendido con esta ley “la libertad, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y que esta tenga su más adecuado reflejo en el matrimonio”.

Hasta aquí no tengo nada que objetar, si bien entiendo que con esta reforma, parece que sólo se ampara el derecho a romper el vínculo argumentando que, “nadie tiene que permanecer unido a quien no quiere”. La pregunta es ¿quien ampara al que quiere permanecer unido?

Con la nueva redacción del art. 86 de nuestro Código Civil, se decretará el divorcio, a petición de uno de los cónyuges habiendo transcurrido tan solo tres meses de la celebración de la boda, y no siendo necesario alegar causa alguna; basta la decisión unilateral.

En este punto, lo que me llama poderosamente la atención de esta reforma, es la escasa ó nula relevancia que parece suponer el hecho de que, una persona se vea casada (por voluntad propia) y divorciada (sin que se cuente con ella para nada) en menos de cuatro meses.

¿Nadie ha pensado que esta persona ha podido cambiar muchas circunstancias de su vida movida por esa decisión, que le suponía un compromiso de futuro?. Ha podido dejar el trabajo, su ciudad, su familia, ha podido vender su casa para adquirir otra en una ciudad diferente, etc., ¿ quien la compensa por ello?. Pues según la redacción de la ley NADIE

Tal como dijo Montaigne “La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha” Entiendo y así debe ser, que nadie tenga que permanecer casado si no quiere, pero para casarse hizo falta la voluntad de dos, y si esa decisión se ha tomado por uno de los contrayentes de forma alocada y precipitada, causando un perjuicio al otro, éste perjuicio debe ser reparado.

El matrimonio es un contrato del que derivan graves consecuencias y no puede ni debe ser considerado como si de la compra de un electrodoméstico se tratara: “pruébelo durante 15 días y si no le gusta le evolvemos su dinero”. Se trata de la vida de dos personas.

Sin embargo hay que tener en cuenta que este razonamiento que hago, no tiene aplicación cuando se producen situaciones de maltrato, en cuyo caso tal como se establece en el art. 81,2º, no debe existir plazo alguno para interpone la correspondiente demanda. En estos casos hay que agilizar todos los trámites para evitar situaciones irreparables.

Llegado a este punto, no deja de causarme cierta sorpresa el hecho de que el artículo 43 del Código Civil, permanezca sin reforma alguna por la nueva Ley. Este precepto señala expresamente que “el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido”.

De la lectura de este artículo se desprende que, si alguien promete a otro contraer matrimonio y no lo hace sin alegar causa que lo justifique, debe repararlo del perjuicio que le haya podido causar por ese incumplimiento.

Como es lógico, al igual que, después de la reforma, no puede obligarse a nadie a permanecer casado si no quiere, tampoco puede obligarse a nadie a casarse si ese no es su deseo, tal como viene establecido en el art. 42 del Código Civil. La búsqueda de un consentimiento matrimonial libre en el momento de la celebración del matrimonio es lo que lleva a esta falta de eficacia vinculante de la promesa de matrimonio.

Sin embargo, esto no puede servir para desproteger al interviniente que confía de buena fe en la realidad de lo prometido y realiza actividades económicas con las miras puestas en dicha comunidad futura. Por tanto, y según nuestro Código Civil, las consecuencias del incumplimiento, conllevan la obligación de resarcir al interviniente “que no incumple” (no al incumplidor, obviamente, que debe responsabilizarse de las consecuencias de su decisión).

En este sentido, entiendo que son resarcibles, los gastos hechos en consideración al matrimonio, es decir, todos aquellos gastos que realice el interviniente de buena fe con miras al futuro matrimonio, por ejemplo, los gastos que uno de los contrayentes realizase en concepto de obras en casa del otro contrayente en atención a la celebración del futuro matrimonio (en este sentido, STS 27-3-1958), o bien los derivados de la compra de una vivienda, traslados, etc., debiendo estar al caso concreto y valorando siempre la presencia de esa intencionalidad.

También entiendo que son reparables las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio, es decir responsabilidades generalmente económicas a las que hay que hacer frente, por ejemplo, la contratación de la fiesta posterior a la boda ó el viaje de novios, etc.

Aquí valdría una frase de Baltasar Gracián “A menos palabras, menos pleitos”. Y es que hay que tener cuidado con lo que uno se compromete.

Llegado este punto, la conclusión a la que he llegado comparando estos artículos es un poco disparatada; Prometerse en matrimonio y no llevarlo a cabo, puede dar origen a una demanda judicial que pretenda resarcir a la otra persona de los gastos y obligaciones contraídas en relación a este, demanda que podrá interponerse contra el incumplidor en el plazo de un año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.

Sin embargo, si el matrimonio se llega a celebrar y a los tres meses uno de los contrayentes decide divorciarse, dejando al otro literalmente en la estacada, el código nada prevé al respecto. ¿Es esto lógico?.

Soledad Benítez-Piaya Chacón
Diario Málaga Hoy, 19 de enero de 2011