Menores delincuentes

“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías, desprecian la autoridad, responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros”.

Este pensamiento, parece extraído de una conversación cotidiana mantenida en cualquier lugar del mundo, pero no es así. Sorprende enormemente que fuera Sócrates, el gran filósofo griego que vivió casi 500 años antes de Cristo, quien la expusiera. Las cosas parecen que no cambien en absoluto por muchos siglos y milenios que transcurran.

Esto viene a colación, salvando las distancias, por el anuncio que ha hecho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, avanzando la introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la cual está vigente desde el 13 de enero de 2001. Se pretende con esa anunciada reforma, que menores y adultos sean juzgados juntos cuando estén implicados en delitos graves.

Antes de entrar en comentar esta iniciativa anunciada por el ministro, hay que decir que desde su entrada en vigor, la ley del menor ya sufrió una reforma (Ley orgánica 8/2006, del 4 de diciembre), reforma que se propició tras cinco años de aplicación y después de que los datos desvelaran un elevado aumento de delitos especialmente graves cometidos por menores, como homicidios o agresiones sexuales; entre ellos el tristemente famoso, “asesino de la catana”.

Esa primera reforma, si bien se propició en un intento de rectificar carencias, fue en realidad y sobre todo, una consecuencia de la preocupación, alarma social y repercusión mediática que tuvieron estos sucesos. La sociedad no estaba ni está preparada para asumir, que un adolescente pueda cometer tales atrocidades, y cuando sucede, las reacciones son dispares.

En realidad, esta primera reforma de la ley del menor no satisfizo a nadie; recibió críticas tanto de los que pedían endurecerla, pues consideraban que las modificaciones introducidas no eran suficientes y que tendría que ser más “dura”, como de los que estaban en contra de que se endureciera una ley que pretendía ser educativa y no sancionadora.

La verdad es que al menos por mi parte, no encuentro una posición clara al respecto de este tema. En primer lugar, entiendo que un menor debe ser protegido por su condición de tal, y por tanto no debe ser equiparado en sus actos a una persona adulta.

Considero que debe dársele la posibilidad de rectificar su conducta, intentando educarle así como apoyarlo para que tenga una oportunidad en la vida, y eso debe hacerse contando con los medios humanos necesarios para ello ( equipos técnicos, psicólogos y educadores sociales). Esa debe ser una parte fundamental de la ley.

Sin embargo, también considero que hay sucesos y delitos que por su extrema gravedad no pueden ser mitigados en sus consecuencias por el hecho de que los haya cometido un chico de 17 años por ejemplo.

El interés del menor hay que protegerlo, pero eso no quiere decir que responder ante estos casos, insisto extremos, signifique que estemos contraviniendo este derecho. ¿Qué me dicen ustedes del derecho a la vida? Este derecho está plasmado en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.¿Que hacemos contra los que atentan contre él, aunque sean menores?¿Le restamos importancia y trascendencia penal a sus actos?.

Actualmente, cuando un menor, con edad comprendida entre los 14 y 18 años, comete un hecho tipificado como delito o falta en el Código Penal o las leyes especiales, es sujeto de reforma, y se le aplica la Ley antes mencionada. Esta ley como digo, presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa, lo cual es a mi parecer muy acertado, pero a la vez creo, que deben tipificarse los delitos graves contra la vida de formas diferente a cualquier otra transgresión, y eso aunque los autores sean menores.

No pongo en duda que esta ley es buena, y posiblemente en algunas ocasiones no se le saca todo el partido que se debiera. Estoy de acuerdo en las palabras del Juez Emilio Calatayud cuando recordó que la mayoría de los adolescentes que cometen un delito «no son delincuentes» y no reinciden. Pero a mi juicio, hay casos y jóvenes que no pueden ser tratados y enjuiciados como simples “delincuentes juveniles”, en la acepción más romántica del término.

En definitiva, entre la opción de apoyar la reforma anunciada y no hacerlo, me inclino por la primera, ello con las lógicas reservas antes de tener el texto de la norma y entendiendo que siempre debe respetarse la privacidad del menor (celebrar a puerta cerrada para preservar su intimidad en contra de lo que ocurre en el caso de los adultos, que la audiencia es pública).

Considero en definitiva que ante unos mismos hechos delictivos de tal gravedad extrema, la Justicia no debe emitir sentencias totalmente divergentes.

Soledad Benítez-Piaya Chacón
Diario El Mundo, 30 de enero de 2012